La denuncia desde el Ejecutivo municipal de Tilisarao hace referencia a la presunta fabricación de una demanda judicial utilizando inteligencia artificial para falsear hechos, jurisprudencia y doctrina. La presentación involucra a concejales y funcionarios del gobierno provincial.
Este conflicto entre el Departamento Ejecutivo Municipal de Tilisarao y su Concejo Deliberante ha destapado un caso que podría sentar un precedente nacional sobre el mal uso de la tecnología en el ámbito judicial. El Ejecutivo Municipal, ha presentado un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia denunciando una «estrategia deliberada, sistemática y progresiva de entorpecimiento institucional» por parte de un grupo de concejales. La máxima expresión de esta estrategia sería una demanda contencioso-administrativa plagada de información falsa, presuntamente generada con herramientas de inteligencia artificial.
El Origen del Conflicto: Una Sesión Irregular
El punto de partida del conflicto fue la sesión del Concejo Deliberante en diciembre de 2024. En dicha sesión, se dispuso mediante una ordenanza «DESAPROBAR el Presupuesto Ejercicio 2025 y la Tarifaria 2025» en un mismo acto legislativo, lo cual ya constituye un vicio de origen al tratarse de dos normativas de naturaleza distinta que requieren tratamiento separado.
Lo más grave, según consta en el Acta de la sesión, es que la ley más importante para la gestión municipal nunca fue sometida a una votación formal y nominal. El acta refleja que, tras rechazarse la tarifaria, «no sería necesario tratar el presupuesto». Acto seguido, el presidente del cuerpo, Alejandro Rosa, declaró que el presupuesto «ya estaría desaprobado» sin que se realizara la votación correspondiente. Este proceder, calificado por el Ejecutivo como un «vicio formal insalvable», privó al municipio de su principal herramienta de gobierno y dio inicio a la disputa institucional.
Los Actores Principales de la Disputa
La presentación judicial del Ejecutivo identifica a seis personas como promotoras de esta situación:
- Alejandro Rosa, presidente del Concejo Deliberante, quien encabeza la ofensiva política y firma la demanda en representación del cuerpo.
- Ezequiel Sanmartino, concejal y abogado, señalado como el estratega legal de la operación. Pese a su formación jurídica y experiencia legislativa, avaló un procedimiento manifiestamente irregular.
- Ricardo Rubira, abogado que patrocina la demanda del Concejo y que, según el organigrama oficial, es funcionario provincial como Subdirector de Gestión Ambiental en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
- Florencia Torres, propuesta como la única testigo del público y quien también es funcionaria provincial (Jefa de Despacho en el Ministerio de Turismo y Cultura). El propio escrito de la demanda presentada por el Concejo Deliberante indica textualmente qué se espera de su testimonio, al afirmar que ella “podrá acreditar el desarrollo del tratamiento y rechazo del presupuesto”. El Ejecutivo denuncia que esta formulación es una irregularidad grave que busca orientar la declaración y presentar un «relato prearmado»
- Las concejales Karina Peralta y Marcela Vizcay Bello, quienes con sus votos respaldaron las acciones impulsadas por los demás miembros.
Un Litigio Artificial: La Evidencia de las «Alucinaciones Jurídicas»
Según lo describe el escrito del Ejecutivo, la demanda del Concejo es un «andamiaje artificial» que se sostiene sobre citas doctrinarias, jurisprudencia y hasta organismos judiciales inexistentes.
Entre las irregularidades se destacan:
- Jurisprudencia fantasma: La demanda cita fallos de una «Cámara Contencioso Administrativa de San Luis», la cual no existe en la estructura judicial de la provincia. Se le atribuyen sentencias fabricadas a medida, como los supuestos casos “López c/ Municipalidad de Justo Daract” y “Concejo Deliberante de La Toma c/ Intendente Municipal”.
- Doctrina apócrifa: Se apoya en autores y libros que no figuran en registros editoriales, como «Derecho Administrativo Municipal» de un tal «Domingo García» o textos de «Pérez» y «Ferreres».
- Leyes erróneas o tergiversadas: Cita el artículo 116 de la Ley 25.156, afirmando que es una norma de procedimientos administrativos, cuando en realidad se trata de la Ley de Defensa de la Competencia, que no tiene relación con el caso y ni siquiera posee dicho artículo.
El Ejecutivo argumenta que este cúmulo de «alucinaciones» jurídicas es característico de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial cuando son utilizados sin la debida verificación, sugiriendo que la demanda fue fabricada con estas herramientas.
Las Víctimas Colaterales de la Disputa
Más allá del enfrentamiento político, la situación deja varias víctimas. En primer lugar, la ciudadanía de Tilisarao y el propio Ejecutivo Municipal, que enfrenta un «patrón sistemático de hostigamiento institucional» que busca paralizar la gestión.
En segundo término, la Justicia provincial, que se ve obligada a destinar tiempo y recursos valiosos a verificar la existencia de fuentes, autores y tribunales inventados, en lugar de resolver los problemas reales de la ciudadanía.
Finalmente, esta situación convierte al propio Gobernador de la Provincia en una víctima política del accionar de sus subordinados. Mientras el mandatario impulsa públicamente una agenda de celeridad y eficiencia judicial, dos funcionarios de su gestión y concejales de su propio partido socavan desde adentro ese objetivo. Al presentar una demanda artificial que obliga al máximo tribunal a invertir recursos en desenmascarar un fraude, no solo congestionan el sistema, sino que exponen al Gobernador a un notable desgaste político,
