El Senado provincial aprobó este martes por mayoría el proyecto que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), aunque el bloque del Partido Justicialista votó en contra y presentó un dictamen de minoría con fuertes cuestionamientos a la iniciativa. Durante el debate, el senador Hugo Omar Olguín fue el encargado de fundamentar la postura del espacio.
En su exposición, el legislador aclaró que la oposición no se manifiesta en contra de promover inversiones, sino del contenido del proyecto aprobado. «No rechazamos que San Luis promueva la inversión y el empleo. Rechazamos este texto», expresó, y recordó que el bloque justicialista presentó durante el último año propuestas propias en materia de promoción económica que, según indicó, no fueron tratadas.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la continuidad de la emergencia económica provincial. Olguín consideró incompatible que el Gobierno invoque esa situación para justificar restricciones presupuestarias y, al mismo tiempo, impulse un régimen que contempla beneficios fiscales por un período de hasta quince años sin precisar el impacto que tendrá sobre la recaudación.
«O la emergencia es real y entonces no hay margen para esto; o hay margen para esto y entonces la emergencia que se le invoca a los trabajadores no existe», sostuvo.
El senador también cuestionó el esquema de incentivos previsto en la norma. Según explicó, el régimen permite incorporar inversiones ya realizadas e incluso beneficiar a empresas que anteriormente habían perdido esos beneficios por incumplimientos.
«Así terminamos con un beneficio del cien por ciento en Ingresos Brutos, sin inversión nueva, sin obligación de generar un solo puesto de trabajo adicional y abierto incluso para quienes incumplieron la ley», advirtió.
Otro de los ejes de la crítica apuntó a las facultades que el proyecto delega en el Poder Ejecutivo. Para Olguín, la iniciativa habilita modificaciones presupuestarias e incorpora herramientas financieras sin límites suficientemente definidos, reduciendo el control legislativo sobre esas decisiones.
«Una ley de promoción económica no puede convertirse en una modificación encubierta del presupuesto ni otorgar poderes extraordinarios sin controles», afirmó.
Durante el debate también se refirió al artículo 34, que autoriza al Ejecutivo a disponer de inmuebles comprendidos en el régimen. El legislador consideró que una medida de esa naturaleza debería contar con la intervención de la Legislatura en cada caso y recordó que, para avanzar con la venta de la Casa de San Luis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el propio Gobierno envió en su momento un proyecto de ley solicitando autorización legislativa.
«Si para vender un inmueble determinado fue necesaria una ley, resulta contradictorio que ahora se pretenda otorgar una autorización general para futuras operaciones sin que cada caso vuelva a pasar por el Poder Legislativo», cuestionó.
Además, sostuvo que la redacción del artículo permite amplios márgenes de discrecionalidad respecto de la venta de bienes provinciales.
«Elegir el comprador, elegir quién tasa el inmueble y elegir cuánto se descuenta del precio. Eso no es vender; eso es poder regalar el patrimonio de todos los puntanos», afirmó.
Olguín también objetó la regularización prevista para contribuyentes que no cumplieron con los requisitos de regímenes anteriores, al considerar que esa medida desvaloriza el cumplimiento de las obligaciones.
«Cumplir deja de tener valor cuando después una ley termina perdonando a quien incumplió», expresó.
Asimismo, advirtió sobre el posible impacto que las exenciones impositivas podrían tener en los municipios, ya que parte de los beneficios recaen sobre el impuesto a los Ingresos Brutos, uno de los tributos coparticipables.
«Cada peso que la Provincia resigna es un peso menos que recibirán los municipios. Sin embargo, nunca fueron consultados y el proyecto no prevé ninguna compensación», señaló.
Al cerrar su intervención, el senador sostuvo que las diferencias del bloque con el RIPEE son estructurales y justifican el rechazo integral de la iniciativa.
«Los problemas no son de forma. Son de fondo. Esta ley no se corrige; se reemplaza por un verdadero régimen de promoción con impacto fiscal, transparencia, control legislativo y beneficios vinculados a inversiones reales y generación efectiva de empleo», concluyó.
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