El Senado provincial comenzó a analizar un proyecto que apunta a cambiar de raíz la manera en que se produce, consume y gestiona el ambiente en San Luis. Se trata de la propuesta “San Luis Circular”, una Ley Marco que busca instalar definitivamente los principios de la economía circular en la provincia.
La iniciativa plantea un marco normativo amplio con el objetivo de proteger los recursos naturales, reducir la contaminación y abrir nuevas oportunidades de empleo verde. Para ello, prevé la creación de la Estrategia Provincial de Economía Circular, un plan que marcará lineamientos de acción a corto, mediano y largo plazo. La propuesta incluye la conformación de un Consejo Consultivo integrado por municipios, universidades, cámaras empresarias y organizaciones sociales.
Entre las herramientas principales que contempla el proyecto se destacan:
Registro Provincial de Actividades Circulares.
Sello San Luis Circular, que distinguirá a empresas y emprendimientos comprometidos con la sustentabilidad.
Fondos de apoyo e incentivos fiscales para impulsar proyectos circulares.
Compras públicas responsables, con prioridad para proveedores que apliquen buenas prácticas ambientales.
El enfoque también abarca la dimensión educativa y comunitaria. El texto prevé la incorporación de contenidos sobre economía circular en todas las etapas del sistema escolar, el desarrollo de Escuelas Circulares y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Además, reconoce el rol de los recuperadores urbanos, promoviendo su formalización y condiciones de trabajo adecuadas.
Otra de las medidas clave es la implementación de un Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos, que incluirá separación en origen, centros de reciclaje y compostaje, junto con restricciones graduales a productos descartables de un solo uso.
El proyecto establece además un sistema de monitoreo con indicadores de impacto, la obligación de presentar un informe anual ante la Legislatura y un régimen de sanciones para los incumplimientos. Los municipios podrán adherir con ordenanzas propias para aplicar la normativa en sus territorios.
En sus fundamentos, la propuesta resalta la necesidad de combinar desarrollo económico con sostenibilidad ambiental e inclusión social. “No es solo reciclar, es repensar cómo producimos y consumimos para garantizar un futuro sostenible”, expresó el senador justicialista Hugo “Pepe” Olguín, uno de los impulsores de la iniciativa.
